12/07/2017 | Juan Hernández Zubizarreta
Prólogo
Confrontado con el megaproyecto de un complejo hidroeléctrico sobre sus territorios, el pueblo indígena Munduruku, de la cuenca del rio Tapajós en la Amazonía brasileña, rechazó la manera en que los agentes del Estado afirmaban cómo debía ser el proceso de Consulta indígena. Los Mundurukus organizaron una serie de reuniones donde estudiaron los presupuestos y contenidos de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, interpretándola de acuerdo con los rituales y las costumbres de su cultura política ancestral. De este proceso resultó un Protocolo 1/ adoptado en la Asamblea Munduruku, donde afirmaron cómo debe ser un proceso de Consulta para que fuera reconocido por el pueblo indígena como libre, previo e informado. A partir de aquí, entregaron el Protocolo de Consulta al Estado brasileño 2/. El Protocolo, afirma el pueblo Munduruku, es ley. Lo que puede parecer un hecho aislado, es al contrario la expresión de una práctica social diseminada e incesante: los pueblos en todo el planeta construyen normas, de forma autónoma o en dialogo con el Derecho establecido, y reivindican el reconocimiento y la realización de derechos. El mismo Derecho establecido refleja las disputas entre estas prácticas contrahegemónicas de construcción social del Derecho y las fuerzas hegemónicas que buscan garantizar las bases reguladoras para la acumulación de capital y la concentración de poder político. Por ende, los derechos reconocidos no fueron otorgados a los pueblos por legisladores en parlamentos, son el resultado de luchas populares construidas por innumerables brazos y consciencias. Son también en razón de esto, trágicamente, objetivo de constantes ataques.
El análisis que nos regala Juan Hernández Zubizarreta ilumina la comprensión de uno de estos procesos donde fuerzas sociales de base popular se movilizaron para la construcción de un documento y proceso, el Tratado de los Pueblos, que es al mismo tiempo espejo e instrumento de luchas de resistencia y de construcción de alternativas frente al poder e impunidad de las empresas transnacionales.
La Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Parar la Impunidad se lanzó en la Cumbre de los Pueblos de Rio+20 en junio de 2012, siendo heredera política de un proceso previo, condensado en las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, y realizadas en el marco de la red birregional Enlazando Alternativas. El Dictamen de la audiencia final (Madrid 2010) sistematizaba la magnitud de los desafíos expresados en los 48 casos presentados a lo largo del proceso. Se constataba que las políticas neoliberales habían no solo facilitado la concentración de poder económico y político en las manos de las empresas transnacionales, sino que habían constituido un entramado jurídico que les permitía vulnerar derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza de manera sistemática y con certidumbre de impunidad.
Desde la constitución de la Campaña Global y su lanzamiento, la lucha por el desmantelamiento de la arquitectura de la impunidad se ha establecido como eje fundamental de la red. Esto implica la resistencia a los Tratados de Libre Comercio y Tratados de Protección de Inversiones existentes y en negociación, pero también la reivindicación de la supremacía de los Derechos Humanos, del Derecho de los Pueblos y de los Derechos de la Naturaleza sobre los intereses de los inversionistas. La demanda por un instrumento vinculante de Derecho Internacional para responsabilizar a las empresas transnacionales es consecuencia directa de esta interpretación.
En sintonía con las tradiciones de construcción social del Derecho y con las urgencias y necesidades concretas de las luchas de resistencia a las violaciones y violencias brutales constitutivas del operar de las empresas transnacionales en los territorios, la Campaña jamás consideró que tal instrumento jurídico fuera regalado a los pueblos. Al mismo tiempo que reúne a movimientos, organizaciones y redes que lideran o apoyan las luchas de resistencias en distintos territorios, la Campaña organizó un proceso de redacción y consultas que dio lugar al lanzamiento del Tratado de los Pueblos en el 2014, como documento vivo y proceso político colectivo, anclado en las luchas populares.
Mientras el mundo profundiza en una marea conservadora de proporciones devastadoras, mientras se ponen en jaque los principios democráticos con la ampliación del dominio de las fuerzas privatistas; mientras tanto, en los territorios más diversos del planeta y en distintas escalas de acción, los pueblos se movilizan y resisten, construyen y viven formas alternativas de ser, saber y producir. Las fuerzas hegemónicas buscan silenciarlos. Sin embargo, se mueven.
Diana Aguiar. Asesora Nacional de FASE – Solidaridad y Educación (Brasil) y Doctoranda de IPPUR / Universidad Federal de Rio de Janeiro. FASE es miembro de la Campaña Global. De 2012 a 2015, Diana actuó en la facilitación global de la Campaña.
Notas
1/ Protocolo de Consulta Munduruku. Disponible en: https://fase.org.br/pt/acervo/biblioteca/protocolo-de-consulta-munduruku/
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