EL ORGANISMO JUDICIAL A PRUEBA
La Fundación Myrna Mack ante los recientes acontecimientos suscitados por la desarticulación de una estructura criminal, dedicada a defraudar al fisco, en el corazón mismo de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT–, expresa su profunda preocupación por la resolución adoptada por la titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal, que otorgó medida sustitutiva a seis posibles integrantes de la relacionada estructura, en tanto que remite al resto a prisión preventiva. Dicha medida es ridícula por el monto fijado a la caución económica tomando en cuenta las millonarias cantidades defraudadas al pueblo de Guatemala.
El fundamento de lo resuelto radica en el argumento que indica que los beneficiados con la medida sustitutiva no laboraban en la SAT, mientras los remitidos a prisión preventiva eran funcionarios y empleados de dicha entidad. Esta decisión no considera que se trate de una estructura delictiva única que coloca a sus integrantes en igualdad de condiciones. La exigencia legal para otorgar la medida es que se evite el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. Cabe entonces preguntar ¿qué criterio se utilizó para establecer que las personas favorecidas con caución económica no presentan peligro de fuga o no pueden obstaculizar la investigación?, tomando en cuenta que, supuestamente pertenecen a la misma organización criminal.
La estructura delictiva fue desarticulada el pasado jueves luego de una investigación de más de un año realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–. Por ello, con el objetivo de asegurar los resultados de estos esfuerzos, resulta más que justificada la renovación del mandato de la Comisión.
El caso coloca al Organismo Judicial a prueba. Se hará imperar la justicia o prevalecerá la interpretación arbitraria de los preceptos legales por parte de los jueces y magistrados. Algunos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil ya habíamos lanzado la voz de alerta, durante el proceso de selección y elección de magistrados para integrar la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones, sobre la necesidad de contar en dichos cargos con personas capaces, idóneas y honradas. El presente caso resulta oportuno para que se demuestre que no solo existió un proceso de elección formal, sino, también por completo legítimo.
Por lo expuesto la Fundación Myrna Mack exige al Organismo Judicial, a través de sus jueces y magistrados, de forma que en el marco del respeto al debido proceso, la integridad, la seguridad y la vida de todos los ciudadanos, se revise la medida adoptada, dejándola sin efecto por contravenir las disposiciones legales pertinentes, además de constituir menoscabo a la integridad misma del Organismo Judicial y violentar incluso el artículo 4 de la Constitución Política de la República.
Instamos a todos los ciudadanos a monitorear la acción judicial de los juzgados, de las Salas de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad a efecto de que garanticen los derechos básicos plasmados en la Constitución, como lo son el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad de expresión y sobre todo a la posibilidad de obtener justicia.
Guatemala, 22 de abril de 2015
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