Guatemala, Entrevista con la Jueza Jasmin Barrios


Juzgar a Ríos Montt, avance pese a todo
Anular el proceso fue un ordenamiento ilegal, dice la magistrada Iris Yassmín Barrios
Foto
La juez Iris Yassmín Barrios, en la entrevistaFoto Blanche Petrich

Blanche Petrich

Periódico La Jornada
31 de julio 2013

En un barrio clasemediero de Guatemala, la capital, frente a un zaguán metálico negro, se estacionan permanentemente tres patrullas de la Policía Nacional. Custodian a una juez, Iris Yassmín Barrios, a quien correspondió el pasado 10 de mayo dictar la siguiente sentencia, previa al consabido martillazo en una sala de audiencias:

Que el acusado José Efraín Ríos Montt es responsable como autor de los delitos contra los deberes de la humanidad y genocidio, cometidos en contra de la vida e integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caseríos ubicados en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Por tal delito debe imponérsele la pena de 30 años de prisión inconmutables.
Pese al despliegue de seguridad en el exterior, la casa es pequeña, muy modesta. Ahí vive con su madre la doctora en jurisprudencia que resolvió la querella por los hechos ocurridos 31 años antes, en la región ixil guatemalteca. El juicio revistió características históricas: nunca un magistrado había reconocido el delito de genocidio y sentenciado a un ex jefe de Estado con una pena de ese calibre.

Pero también fue una sentencia fugaz: 10 días después, con la anuencia de tres magistrados y el voto en contra de otros dos, la Corte de Constitucionalidad (CC), la más alta instancia judicial en Guatemala, anuló el fallo alegando errores procesales.

Muchos expertos penalistas sostienen que la CC rebasó sus facultades y que su decisión fue ilegal. Pero las cúpulas del poder económico, político y militar respiraron aliviadas, una vez restituida la impunidad.
–Nada menos que la primera sentencia por genocidio contra un ex jefe de Estado por parte de un tribunal nacional. ¿Usted estaba haciendo historia en ese momento?
–Estaba haciendo justicia, nada más.
–Ese día…
–Salí tempranito de casa, como siempre, muy consciente de mis actos.
–¿Llevaba preparado su discurso?
–No, porque el código procesal penal establece un orden en nuestro trabajo y los jueces no deliberamos hasta que se haya terminado el debate. Sólo fue cuando di el martillazo, dando por terminada la sesión, que mis compañeros jueces (los vocales Patricia Bustamante y Pablo Xitumul) y yo nos retiramos a deliberar en secreto. De nueve a cuatro de la tarde redactamos la sentencia, que leímos en forma reducida.
–Desde la diminuta sala –elefantes de cerámica en la mesa de centro, carpetitas de crochet rosa en los sillones, flores de plástico en un altar casero del comedor y los muros verde pálido cubiertos con sus títulos académicos– se escucha que en la cocina está lista el agua para el té. La juez se levanta a prepararlo.
Ante el acoso propagandístico de los medios de comunicación tradicionales, que la atacó por todos los flancos posibles, Yassmín Barrios se replegó. Se excusó de seguir litigando el caso y negó decenas de solicitudes de entrevistas de periodistas nacionales e internacionales. Hasta ahora, que platica extensamente con La Jornada.
–¿Se sintió derrotada luego de la anulación de la sentencia con la que culminó un proceso de 15 años del pueblo ixil para llegar a un tribunal nacional?
–No, de ninguna manera. El juicio, en su conjunto, fue un avance para Guatemala, sobre todo para su sistema judicial. En medio de todo el bombardeo y la campaña mediática que se dio, logramos demostrar que aquí sí existe independencia judicial, que habemos jueces comprometidos, íntegros y responsables y que tenemos conocimiento del derecho.
–¿Se da por satisfecha con el hecho de que en este país haya habido la oportunidad de emitir una sentencia por genocidio como la suya; de que el general haya pasado así sea un solo fin de semana en una celda?
–No se trata de una satisfacción personal. Se debe ver desde otro punto de vista. Se dio la oportunidad para que las víctimas pudieran accionar dentro del proceso. Se respetaron las garantías constitucionales de los acusados. Y el 13 de mayo, después de la sentencia, se dio la audiencia para la reparación de las víctimas y el tribunal procedió a efectuar el análisis de las peticiones de los querellantes y a repararlas debidamente. Y hay que decirlo, no pidieron reparaciones de tipo económico, sino que fueron peticiones mucho más fundamentales.
“Demostramos que Guatemala, con sus carencias económicas y políticas, tiene la capacidad de sacar un debate que fue observado por muchos especialistas del derecho en todo el mundo, que certificaron que en ese tribunal se cumplieron los estándares de justicia más estrictos.
–¿Qué sigue? ¿Cuándo se reanuda el proceso?
–No se sabe, ese es uno de los temas que la Corte Constitucional dejó en el aire.
–Usted se ha excusado de seguir conociendo el caso ¿porqué?
–La corte ordena que el debate se anule hasta el 19 de abril. Nosotros no podemos aceptar órdenes ilegales. Según nuestro ordenamiento jurídico, eso no sería posible porque ya antes se emitió un fallo, no podemos regresar en el tiempo, aparentar que no ha pasado nada. No es ético ni correcto, y procesalmente no es factible.
–¿En la nueva fase del juicio, si es que algún día llega a reanudarse, se va a dar validez a los testimonios de las víctimas que ya se emitieron o van a tener que volver a viajar desde sus aldeas hasta la capital para volver a declarar?
–Es triste, pero creo que tendrían que regresar las víctimas por una razón: los jueces que lleguen a la tribuna no pueden emitir juicio si no han escuchado a las personas. La Corte anuló todo.
–El abogado defensor del ex dictador Ríos Montt, Francisco García Gudiel, la amenazó en pleno juicio con no descansar hasta verla tras las rejas. ¿Usted cómo ve su futuro?
–Yo me veo trabajando, realizando debates, que los disfruto bastante. Actualmente soy magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia y no sé si en los planes de Dios esté el que el año próximo pueda ser nombrada titular.
–Mientras tanto, la campaña mediática en su contra sigue. Hablan mal hasta de su peinado, hacen comentarios sexistas, dicen que pasó de noche por la universidad… –Interrumpe divertida: “Eso no es cierto. Me gradué con todos los honores, con las más altas notas. También en las dos maestrías que cursé, una en derecho penal y otra en constitucional. Y también en el doctorado. Y lo del salón de belleza… pues es que a mí me gusta así, al natural”.
El caso Gerardi: su encuentro con la historia
Una noche antes de iniciar el proceso por el asesinato de monseñor Juan Gerardi, en 2001, la casa de la juez Barrios fue atacada con granadas. Una estalló en el patio de la pequeña vivienda. Estábamos aquí, en esta mesa. Íbamos a cenar, mi mamá y yo, pasaditas de las ocho. Un sonido terrible, olor a pólvora. Era un ataque.
Fue una noche con pocas horas de sueño. Corrí a ponerme mi rosario, le pedí a mi Jesusito lindo que no permitiera que nos pasara nada. Llamé a la policía y pedí apoyo, llamé a la prensa. Estaba sumamente enojada. Pensé: si me van a matar que me maten, pero antes me van a escuchar. Y al día siguiente me presenté puntual a la sala del juicio, a la audiencia.
Si pretendían intimidar a la juzgadora de uno de los crímenes emblemáticos de esos años –Gerardi había presentado apenas días atrás el informe de la Recuperación de la Memoria Histórica Nunca más sobre las atrocidades cometidas contra la población civil durante la guerra– no lo lograron. El juicio siguió su curso y al final la juez dictó sentencia: 30 años de prisión contra un sacerdote y dos militares acusados de asesinar al obispo y defensor de derechos humanos. El colofón de este proceso fue trágico. Primero la Corte de Apelaciones intentó, sin éxito, anular la sentencia, lo cual fue rechazado por la Suprema Corte. Luego les fue reducida la pena a 20 años en otro juzgado. Posteriormente 10 testigos o partícipes en la trama del homicidio fueron asesinados, inclusive uno de los sentenciados, el sargento José Obdulio Villanueva, encontrado culpable de planear la ejecución desde la oficina de inteligencia militar del Estado Mayor del ejército, decapitado en un motín en prisión. Actualmente sólo queda preso el capitán Byron Lima Oliva Juan, cercano al actual presidente, general Otto Pérez Molina.
Ese juicio fue, según dice la juez Barrios, su encuentro con su historia. Su vida cambió. Tuvo que vender el carrito con el que iba y venía, tuvo que aceptar las escoltas que la acompañan a todos lados, perdió su independencia. Pero, sobre todo, aprendió a conocer la historia de su país. Realmente fue a partir de ahí que empecé a saber, bien documentadas, las cosas que pasaron durante la guerra. Y entendí a fondo que no se va a alcanzar la paz si no hay justicia.
–Si pagó un precio tan alto por ser juez en el caso Gerardi ¿qué pensó cuando dos años después se le puso enfrente el juicio a Ríos Montt, de mucho mayor calado?
–No me puse a pensar en las consecuencias, porque yo creo que un juez debe estar libre de prejuicios y preocupaciones a la hora de juzgar. Como tampoco me puse a medir consecuencias cuando juzgué el caso Myrna Mack, el de los diputados salvadoreños del Parlacén asesinados, el de las niñas de Sacatepéquez, de las Dos Erres (masacres en el Petén, en 1981), muchos casos de narcotraficantes, incluso de varios Zetas de Zacapa, en 2011.
Iris Yassmin Barrios siempre estudió en escuela pública. Trabajó para costear su carrera de derecho en la Universidad de San Carlos. No viene de un entorno de lucha por los derechos humanos ni vivió directamente los efectos del conflicto armado que se desarrollaba durante sus años estudiantiles.
Ingresó a la facultad de derecho justamente el año en el que el general Ríos Montt se hizo del poder con un golpe militar. Mientras en las zonas rurales el ejército aplicaba la tierra arrasada, Yassmín vivía en la capital, como en una burbuja, dice. En la universidad no participé en ningún movimiento, como no fuera estudiar. Lo cierto es que una generación entera de líderes estudiantiles y académicos críticos había sido liquidada por los gobiernos militares, el de Ríos Montt y los anteriores. Sus años estudiantiles fueron “de silencio, de receso, además aquí en la capital había una gran censura en la prensa. La guerra estaba lejos… fue una lástima que nos enteráramos mucho después de lo que pasaba”.
Sin embargo, los crímenes paradigmáticos de la guerra pasaron por los tribunales donde ella fungió como juez. No sólo el caso de monseñor Juan Gerardi, sino también algunos del informe REHMI, el caso del asesinato de la antropóloga Mirna Mack.
Salí de la universidad cuando apenas empezaban a conocerse los informes de derechos humanos. Y aprobé el examen en las primeras oposiciones de jueces de sentencia poco después de la firma de los acuerdos de paz. Mi cargo es por méritos y afortunadamente puedo actuar, pensar y ser coherente.
Y Ríos Montt se cruzó en su camino
–¿Cómo llegó el caso de Ríos Montt a sus manos?
–A principios de febrero el caso llegó al tribunal de sentencia A de Alto Riesgo, donde trabajo.
Los dos militares acusados por la fiscalía general, José Mauricio Rodríguez y el propio Ríos Montt, recusaron el nombramiento de esta juez, con el argumento de que ella ya antes había conocido el caso de la masacre de las Dos Erres, el Petén. Pero no se aceptó la apelación, porque era de un hecho, personas y lugares diferentes.
Desde que inició el proceso, el 19 de marzo, la defensa optó por atacar al jurado como estrategia. Actualmente, Barrios tiene más de una docena de recusamientos pendientes.
Pero fue el primero el que, a la postre, sirvió para anular la sentencia histórica. El incidente ocurrió el primer día del debate, cuando los abogados acreditados de Ríos Montt no se presentaron y en su lugar acudió, sin el registro debido, el abogado Francisco García Gudiel, con un largo historial al servicio de militares. Éste demandó la revocación de la juez Barrios, alegando enemistad personal. La penalista lo expulsó de la sala. Era el primer golpe procesal para impedir el debate.
Durante un mes, pese a las prácticas de obstrucción de la defensa, transcurrieron las audiencias públicas en una sala del Tribunal rebosante, transmitidas en vivo a todo el mundo. Ahí desfilaron más de cien sobrevivientes de las masacres en la región ixil que relataron, frente a la mirada distraída del anciano general (Ríos Montt es ya octagenario) las consecuencias de las órdenes militares que impartió para exterminarlos: niños y ancianos despedazados, niñas y mujeres violadas hasta la muerte, ejecuciones sumarias, corazones arrancados, pilas de cuerpos, aldeas incendiadas…dos por ciento de la población ixil de aquellos años exterminada; el resto, desplazados y perseguidos. Expusieron peritos en antropología forense, en estadística, en sicología y sociología, en derecho castrense, en historia, en antropología. Se aportaron como pruebas documentos militares de la época desclasificados. Se describió el genocidio inspirado en el racismo inherente a las cúpulas del poder guatemalteco.
El 18 de abril el proceso, que ya cimbraba a la opinión pública, se paró en seco. Una juez de un tribunal menor, Carol Flores, logró suspender temporalmente el juicio, alegando que había amparos anteriores que no habían sido cumplidos. Después de forcejeos en distintas instancias, la juez Barrios logra reanudar la audiencia el 7 de mayo y entra a la fase de conclusiones. Ese fue uno de los momentos más hermosos porque demostramos la independencia del órgano judicial, no acatamos órdenes ilegales y no anulamos el proceso.
El genocidio expuesto al mundo
–¿A nivel profesional y personal qué le deja este proceso?
–Además de tranquilidad, muchas cosas. Fue un juicio de mucha riqueza. A nivel cultural, la oportunidad que tuvieron los ixiles como grupo étnico de presentarse y hacer valer sus derechos. El solo hecho de presentarse, de pararse a hablar, de decir lo que les habían negado decir durante tantos años, fue como una liberación, sobre todo para las mujeres. Yo en ese momento no podía opinar ni manifestar mis sentimientos, por mi deber, pero me di cuenta de ese profundo dolor.
Se logró que los ojos del mundo estuvieran atentos, porque el genocidio es un delito importante para toda la humanidad. Fue un juicio importante para juristas y no juristas que acompañaron el debate, para los académicos, para los estudiantes de derecho, de historia, para la población en general.
Tuvo una gran riqueza en jurisprudencia porque se dieron tal cantidad de incidencias y obstáculos procesales que dio oportunidad para ampliar nuestros criterios y aportar muchas soluciones, y todo esto no fue detrás de puertas cerradas sino en audiencias públicas.
Los peritajes tuvieron el más alto nivel. Pocas veces en un tribunal hemos tenido oportunidad de contar con un grupo tan selecto de peritos, con conocimientos tan valiosos. Los antropólogos forenses, los sicólogos y sociólogos, expertos en racismo, en sicología de las víctimas. Lo que se logró fue poner frente al tribunal, para su juicio, a un periodo de la historia guatemalteca, de marzo de 1982 a agosto de 1983... apenas un pedacito de un conflicto armado de 36 años.
De ese 10 de mayo, un detalle secundario sigue haciendo ruido en los medios locales. La televisión local repitió incesantemente la imagen de la juez ordenando a gritos, sin micrófono, que impidieran la fuga del sentenciado.
–¿Hubo ese peligro?
–Sí. La seguridad de la sala estaba a mi cargo. Cuando me puse de pie vi cómo intentaban sacarlo de la sala. Entonces di órdenes de impedirlo. Pero como me apagaron el micrófono, tuve que gritar. Dije: no puede salir hasta que vengan las personas encargadas de trasladarlo al sistema penitenciario.
–Cuando se lleva la policía detenido a Ríos Montt, ya sentenciado ¿termina su papel?
–No, teníamos cinco días para redactar y dictar completa la sentencia, porque hasta ese momento sólo habíamos leído nuestros fundamentos. Todo se incluyó en 718 folios de la sentencia.
La entregamos el 17 de mayo a las 13 horas, en tiempo. Y el lunes 20 de mayo, en horas de la noche, se produce la anulación por parte de la Corte de Constitucionalidad.
–¿La vio venir?
–Sinceramente no. Me decían que sí, pero yo sigo creyendo en la justicia. Y sigo juzgando a las personas por mi condición, así que creo que los demás son honrados y actúan conforme a la ley. Así que fue una sorpresa. Respeto la decisión de la Corte de Constitucionalidad, pero no la comparto.
–¿Fueron presionados los magistrados?
–No lo puedo decir, pero la anulación ocurre después de tres días de sesiones efectuadas por el CACIF, que es el grupo que ostenta el poder político y económico de nuestro país.
Minutos después de nuestro fallo, este grupo se había manifestado en contra, en la prensa y en las redes sociales. Una cosa está relacionada con la otra. El voto fue tres contra dos.
Pese al cúmulo de información que salió a la luz durante el juicio, un solo hecho sigue resonando en los medios de comunicación como una gran falta de la juez del caso más emblemático que ha visto el país hasta la fecha, cuando ella, de pie, ante los aplausos, los gritos de gracias y la mirada plena de agradecimiento de los indígenas que frente a ella solo inclinaron la cabeza, se puso de pie y cruzó los brazos sobre el pecho, como un gran abrazo.
La defensa la demandó, por ese gesto, por denotar parcialidad; esa demanda sigue su curso. Yassmin ríe: saludar y responder cuando a uno le dan las gracias es cortesía ¿no? No es ilegal.

Guatemala: “Las mujeres están luchando en Guatemala: se organizan y piden justicia”


Entrevista a Luz Méndez, investigadora y activista guatemalteca

Ane Garay y Andrea Gago Menor
Revista Pueblos


Luz Méndez explica, seria y esperanzada, las posibilidades de la justicia guatemalteca, pero se le llenan las manos y el rostro de gestos cada vez que ocupan la conversación determinadas palabras: violencia sexual, despojo del territorio, impunidad y desprecio hacia los pueblos indígenas. Investigadora, con gran experiencia en negociaciones de paz y violencia sexual hacia las mujeres en conflictos, Luz preside en la actualidad el Consejo Asesor de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). Hablamos con ella con motivo de su participación, como parte del jurado, en el Tribunal de Derechos de las Mujeres, celebrado el pasado mes de junio en Bilbao.

- Este juicio por genocidio y crímenes de lesa humanidad fue un gran acontecimiento jurídico y político. En Guatemala hay una disputa por la verdad muy importante y ésta fue una oportunidad muy grande para que las víctimas pudieran hablar. En 1998 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico emitió el reporte Guatemala, memoria del silencio, un documento valiosísimo. También la iglesia católica hizo público el informe Guatemala: Nunca Más, lo que generó mucho debate en torno a las atrocidades que habían sido cometidas durante el conflicto armado. Sin embargo, con el asesinato del obispo Juan Gerardi, ese proceso se truncó totalmente: no es hasta ahora que nuevamente la verdad emergió a la superficie. 

Es muy importante desde el punto de vista pedagógico para los jóvenes, para que puedan conocer lo que ocurrió. El conflicto armado, sus causas, su desarrollo, su desenlace, es un capítulo de la historia de Guatemala que lamentablemente no se imparte en las escuelas. Durante los días que las víctimas estuvieron presentando sus testimonios, los medios de comunicación dieron mucha difusión y pude darme cuenta de cómo impactaba. Lo que más rechazo provocó fueron los testimonios de las mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado. Una podía escuchar en diferentes medios, en las redes sociales, que la gente decía: “pero cómo es posible, no sabíamos eso tan grave”. Lo que estas mujeres relataron, que fueron víctimas de todas las formas de violencia sexual, violación masiva, violación múltiple, en sus casas, en destacamentos militares, la brutalidad con que fueron tratados sus cuerpos…, todo esto salió a flote. Desde el punto de vista de la construcción de la memoria histórica es un hecho muy relevante.

Ha tenido también un efecto reparador para mucha gente, porque esto fue un juicio que fue presentado por víctimas del pueblo ixil, pero las masacres y las otras graves violaciones a los derechos humanos fueron cometidos en todo el país. Para la gente fue también un juicio por sus familiares desaparecidos, torturados. La sala de vistas estuvo llena todo el tiempo, no sólo por la gente que llegaba a mostrar su solidaridad al pueblo ixil, sino también por sus propios muertos, sus propios familiares desaparecidos.

- Al parecer los grupos de poder empresariales en Guatemala realizaron mucha presión para que se anulase la sentencia.
- Efectivamente, la sentencia se emitió el 10 de mayo y al día siguiente se declararon en sesión permanente el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la élite económica. Exigieron a la Corte Constitucional anular ese juicio, de manera totalmente ilegal, no mediante el sistema de justicia. Lo hicieron como una expresión de dominio, reafirmando el poder que siempre han tenido en Guatemala. Usaron la “lógica de propietario de finca”: “ésta es mi finca y aquí se hace lo que yo digo”. Fue muy grave, pero la anulación de la sentencia finalmente se debió a que todos los grandes poderes, en lo económico, político y militar, se unieron. ¿Por qué? No lo hicieron sólo porque no quisieran que se sentenciara a un ex dictador, sino porque este juicio demostró que los pueblos no olvidan ni perdonan y que, en medio de una impunidad tan grande, los pueblos, y particularmente el ixil, se organizaron y lucharon durante muchos años por llevar al banquillo de los acusados a un hombre que no es el único responsable, pero sí el que representa la represión política del Estado, la política contrainsurgente, durante el conflicto armado. 

Esta élite económica ha sido profundamente racista, como se manifestó durante el juicio. Un peritaje analizó el racismo histórico contra los pueblos indígenas que afloró durante el conflicto armado y precisamente de ahí se deriva la demanda por genocidio. Para estos grupos dominantes es inconcebible que los pueblos indígenas, a quienes han discriminado, a quienes han despreciado, hayan llevado a uno de los suyos al banquillo de los acusados. Los poderes han tenido una política de tal nivel de violación de derechos humanos porque han tenido la certeza de inmunidad e impunidad, porque han tenido el control del sistema de justicia. Darse cuenta de que el sistema de justicia sí podía enjuiciar a uno de los suyos los hizo reaccionar y pensar que esta sentencia no era sólo una sentencia contra Ríos Montt, sino que se estaba quebrantando su certeza de inmunidad e impunidad. Actuaron por ellos, por defender sus propios intereses. Por eso es que se unen y logran revertir la sentencia, aunque el juicio en su conjunto no ha sido anulado.

- ¿Tienes esperanza en la justicia ordinaria?

- Tenemos que seguir luchando, ha sido un proceso muy difícil, desde la firma de los Acuerdos de Paz se han invertido millones de dólares de la cooperación internacional para fortalecer las instituciones del sistema de seguridad y justicia. Muchos han ido a la corrupción, a los poderes ocultos, como se llama en Guatemala a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Pero pese a la anulación de la sentencia, el juicio me genera esperanzas. Evidenció que hay funcionarios del sistema de justicia honestos y que la gente no se queda callada, exige justicia y se organiza para obtener justicia. Otro elemento muy positivo que demostró el juicio fue la capacidad de alianzas de la sociedad civil: como en todos los países hay posicionamientos diversos, pero con el objetivo de manifestar apoyo y solidaridad con el pueblo ixil nos unimos todos y todas. Es posible construir alianzas fuertes alrededor de un objetivo común para hacer avanzar las justas causas sociales.

- Antes nombraste la violencia sexual durante el conflicto. ¿En qué consiste la violencia sexual como estrategia de guerra?

- En Guatemala la violencia sexual contra las mujeres, principalmente indígenas, fue utilizada como arma de guerra y fue un delito constitutivo de genocidio. Fueron atacadas sexualmente no sólo para dañarlas a ellas. El objetivo de las fuerzas estales era derrotar a la insurgencia, porque era la insurgencia la que estaba poniendo en riesgo los intereses económicos y políticos de la élite dominante. En esa lucha hubo importantes sectores de los pueblos indígenas que se incorporaron a la insurgencia, porque pensaban que era un camino para su liberación como pueblos, y otros que no. La mayoría de los pueblos indígenas fueron población civil no combatiente. Pero debido al racismo profundo de las clases dominantes, que trasladaron a los altos mandos del ejército, se homologó al indígena con la insurgencia.
 No estaba sólo presente el acabar con un enemigo de un conflicto armado, sino muy en el fondo estaba el objetivo de acabar con los pueblos indígenas, desde siglos considerados seres inferiores que hacían daño al desarrollo del país. Las mujeres fueron violadas sexualmente de forma masiva y múltiple, con una atrocidad sin límites, porque era una forma de atacar al enemigo del ejército, de desmoralizar a las comunidades indígenas, porque el 89 por ciento de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres indígenas, para que no se incorporaran a la insurgencia. A través de los cuerpos de las mujeres se querían lanzar mensajes. Las mujeres no sólo fueron violadas sexualmente, sino que fueron violadas de forma masiva, generalmente de forma pública, frente a la comunidad, y con mucha frecuencia se atacó las partes del cuerpo relacionadas con su capacidad reproductiva. Hubo especial saña contra los órganos genitales de las mujeres, contra sus pechos, hasta el extremo de abrir el vientre de las embarazadas y extraer los fetos. Por supuesto que había misoginia, había racismo, había un odio de clase, pero lo que buscaban era acabar con la semilla. Esto lo evidencia la atrocidad con que fueron atacados los fetos y también los niños. 

- Es terrible.

- Es muy fuerte, pero debe saberse la verdad. De esto estamos hablando, y de muchas cosas más.

- ¿Existen elementos comunes en cuanto a la violencia sexual contra las mujeres en conflictos armados?

- Sí, es un patrón que se origina en la causa primigenia de la violencia contra las mujeres, que se halla anclada en el sistema de dominación, el sistema patriarcal. La violencia contra las mujeres, con especial énfasis la violencia sexual, ha sido utilizada para perpetuar y reproducir el sistema. En todas las sociedades a las mujeres se nos considera seres inferiores, y normalmente se cree que las mujeres son propiedad de los hombres. Es la causa que se halla como sustento de los ataques contra las mujeres con el fin de vencer al enemigo. La lógica es “voy a apropiarme de los cuerpos de esas mujeres para atacar a los propietarios de los cuerpos de esas mujeres”. Encontramos entonces patrones en los conflictos armados actuales de África, en los de los Balcanes, en la violencia sexual cometida contra las mujeres en la II Guerra Mundial, que fue expuesta en el Tribunal de Tokio, o en el conflicto armado de Guatemala. Participé en el proceso de incidencia política para la aprobación de la resolución 1325 de Naciones Unidas, que precisamente tiene como propósito lograr la protección de los derechos de las mujeres durante conflictos armados y su participación en los procesos de paz. Cuando nos reuníamos con compañeras de África, de Asia, de América Latina, nos dábamos cuenta de que eran los mismos patrones.

- Del Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante del Conflicto Armado Interno hasta la fecha, ¿qué avances ha habido en este sentido?

- El Tribunal de Conciencia de 2010 fue un acto político de enorme trascendencia para las mujeres que pudieron testificar. Tuvo un sentido de reparación para ellas pero, además, poco tiempo después, uno de los grupos quiso ir más allá. Hay diferentes interpretaciones de justicia para los grupos de mujeres que hemos ido acompañando: para unas, con el Tribunal de Conciencia fue suficiente; para otras, justicia es que se sepa la verdad.

Para un grupo de mujeres q´eqchís no fue suficiente. Quizás fueron las mujeres que más sufrieron las consecuencias de la violación sexual, porque no fueron víctimas sólo de violencia sexual sino también de esclavitud sexual y doméstica durante seis meses en el destacamento militar de Sepur Zarco. Las esclavizaron después de que sus esposos fueran asesinados y desaparecidos por el ejército. Lo que los esposos estaban haciendo era organizarse de manera legal para obtener el registro de propiedad de las tierras donde vivían, y por eso los desapa-recieron. Después de que las mujeres quedaron viudas y, por lo tanto, convertidas en “mujeres disponibles”, las concentraron a todas en los alrededores del destacamento militar instalado en la comunidad Sepur Zarco y las obligaron a hacer turnos, es decir, a prestar servicios sexuales y domésticos cada dos o tres días. Luego la esclavitud cambió de modalidad. Las mujeres ya no tenían que hacer turnos en el destacamento, pero continuaron siendo violadas sexualmente y explotadas económicamente por los soldados del destacamento durante seis años. Pero cuando se cierra el destacamento, esto les implicó estigmatización y rechazo social en sus comunidades. Ellas no vivían permanentemente en el destacamento, entraban y salían, obligadas, porque a la que se oponía la mataban, pero la gente las veía y las acusaba de ser responsables de lo que les había ocurrido. En general, es una conducta muy común hacía víctimas de violencia sexual, en tiempos de guerra o de paz, ser consideradas responsables de la violación sexual. En su caso, fue tan fuerte la estigmatización que pidieron justicia formal. En 2011 un grupo de 15 mujeres de Sepur Zarco presentó una demanda penal por violencia sexual y esclavitud sexual ante el sistema de justicia de Guatemala. En 2012 ellas fueron escuchadas por un tribunal de alto riesgo, como anticipo de prueba. En esta lucha han contado con la solidaridad de otras mujeres, plasmada en la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad. Éste es el primer proceso penal sobre esclavitud sexual durante el conflicto armado que se presenta ante un tribunal nacional.

- En la actualidad Guatemala está sufriendo un auge en cuanto a proyectos extractivos y disputa por los recursos naturales, sobre todo en los sectores minero e hidroeléctrico. ¿Está habiendo casos relacionados de violencia contra las mujeres?

- Sí, la manera en la que se está imponiendo en Guatemala la industria extractiva ha generado conflictividad social y violencia contra las mujeres, incluyendo violencia sexual. La base del problema reside en que no se ha tomado en cuenta la opinión de las comunidades donde se están instalando estas empresas, y cuando la gente se organiza y quiere dar su opinión sobre el desarrollo al cual aspiran, la respuesta es de represión y militarización del territorio. Quisiera contar la experiencia de 11 mujeres del pueblo q´eqchí que fueron víctimas de violencia sexual por la guardia privada de una empresa transnacional.

En Izabal se encuentra la Compañía Guatemalteca de Níquel, que es empresa subsidiaria de transnacionales canadienses. En 2007 los guardias privados llevaron a cabo un desalojo violento de tierras contra campesinos q´eqchís, que habitan el territorio en el que han vivido ancestralmente y que esta empresa reclama como propio. Los guardias privados llegan en compañía de agentes de la Policía Nacional Civil y de soldados del ejército a ejecutar estos desalojos violentos. Los hombres estaban trabajando y las mujeres estaban solas con sus hijos pequeños. Fueron violadas, destruyeron y quemaron sus casas… No sabemos exactamente cuántas mujeres fueron violadas, incluso inmediatamente después de que se conocieran los hechos, ellas no reportaron la violación sexual. Fue años después, en procesos de acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, que empezaron a hablar. Han presentado una demanda civil en Canadá contra la empresa transnacional, que era propietaria de esta compañía extractora de níquel, HudBay Minerals, junto con otras dos demandas civiles.

Se presentaron las demandas por negligencia, porque la legislación canadiense no permite otra cosa. Pero lo que se está buscando es que en el propio país de origen de la transnacional se sancione a estas empresas por las violaciones a los derechos humanos que cometan en terceros países. Nunca se habían presentado demandas de este tipo. En Guatemala desde las organizaciones de mujeres hemos respaldado esa demanda porque vemos que se está gestando un precedente de búsqueda de justicia fuera del país. Las 11 mujeres q´eqchís no quisieron presentar una demanda penal en Guatemala porque no confían en el sistema de justicia del país.

Por tanto, hay ahora dos procesos legales paradigmáticos en Guatemala de mujeres indígenas que buscan justicia por violencia sexual, una violencia sexual muy vinculada al despojo de tierras. El despojo de tierras y la violencia sexual han ido de la mano en las grandes violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Guatemala en el pasado y en el presente. Está la demanda penal en Guatemala, en curso, por las 15 mujeres de Sepur Zarco, y la demanda civil, de las 11 mujeres también quechíes, presentada en Canadá. Las mujeres están luchando en Guatemala, no aceptan con pasividad estos grandes crímenes cometidos contra ellas, sino que se organizan y exigen justicia.


Ane Garay es investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)-Paz con Dignidad. Andrea Gago Menor es editora de Pueblos – Revista de Información y Debate. 

Artículo publicado en el número 57 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2013.

Lecciones de El Salvador para las FARC colombianas ¿Es posible que los "acuerdos de paz" generen justicia, paz y seguridad para el pueblo?



James Petras
Rebelión, 29 de julio 2013
Traducido para Rebelión por Silvia Arana

Introducción 

Se da por sentado que los "acuerdos de paz" entre regímenes de derecha pro-estadounidenses e insurgentes de izquierda generan paz, justicia y una mayor seguridad. Varios acuerdos de paz firmados en la década de 1990 en América Central, Sudáfrica, Filipinas y otros países proveen un amplio caudal de datos, a lo largo de más de dos décadas, tanto a favor como en contra de esa idea generalizada. 

Examinaremos el caso de El Salvador donde un poderoso movimiento guerrillero (FMLN) firmó un acuerdo de paz en 1992.

Método de evaluación del Acuerdo de Paz

En referencia al análisis del Acuerdo de Paz es importante comenzar enfocándonos en la evolución del FMLN -los cambios políticos, organizativos e ideológicos que condujeron a las negociaciones, al pacto con el régimen de derecha y los resultados políticos y socioeconómicos. 

La segunda parte del ensayo establece los parecidos y las diferencias entre los resultados políticos y socioeconómicos y las políticas posteriores al pacto, y el efecto que estas tuvieron en el pueblo. Esto nos permitirá ver quién se benefició y quién se perjudicó; qué clases socioeconómicas y estructuras políticas emergieron; qué políticas extranjeras fueron delineadas.

La tercera sección del ensayo se enfoca en extraer las lecciones que podamos aprender de la experiencia de El Salvador, que sean aplicables a las actuales negociaciones de paz entre las FARC y el régimen de Santos en Colombia.

El FMLN: De la revolución socialista al electoralismo capitalista

En 1980, cuatro grupos guerrilleros principales se unieron para formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El componente fundamental, el FPL, postulaba la guerra prolongada, la unión de la guerrilla y de los movimientos de masa en la lucha revolucionaria y antiimperialista. Los aliados menores, encabezados por el Partido Comunista postulaban las dos etapas, "de la revolución democrática a la revolución social".  

Poco más de dos años después, los tres componentes minoritarios, el ERP, el Partido Comunista y el RN, transformaron la política del FMLN, eliminando la lucha por el socialismo basado en los obreros y en los campesinos a favor de la "revolución democrática", que incluía a la "burguesía progresista moderna". A medida que la lucha continuaba, los reacomodamientos internos del FMLN se inclinaron a favor de un giro al "centro". Los líderes del FMLN pusieron el énfasis en la incorporación política al sistema electoral, la legalización del FMLN, la apertura de negociaciones sin ningún acuerdo previo y una disposición a trabajar dentro del marco electoral capitalista. Cuando comenzaron las negociaciones el FMLN abandonó las demandas de desmantelar las fuerzas armadas, de expropiar las principales empresas mineras, comerciales, banqueras y financieras. Aceptaron la formación de la "comisión de la verdad" que "examinaría" los crímenes de guerra -la matanza masiva de más de 75 mil civiles.

En 1992, cuando se firmó el acuerdo de paz, los ex guerrilleros, el régimen de El Salvador y el gobierno de EE.UU. lo calificaron de "un momento de inflexión histórico que iniciaba una nueva era de paz y prosperidad para el país y el pueblo". La mayoría de los académicos y periodistas de izquierda se unieron al coro de elogios al "pragmatismo" y la "flexibilidad" de los líderes del FMLN. Los social demócratas europeos, especialmente el régimen socialista español, ofrecieron cursos de entrenamiento a los ex guerrilleros, para capacitarlos en asuntos municipales y gubernamentales.



Evaluación de las políticas del FMLN en la oposición y en el gobierno

Los líderes del FMLN se beneficiaron de manera directa con la transición de la lucha armada y la movilización de masas a la política electoralista: muchos fueron elegidos en puestos públicos, lo que les garantizó un estándar de vida de clase media. Como congresistas, asesores políticos, asistentes y alcaldes, la élite del FMLN recibió salarios sustanciales, adquirieron viviendas en barrios de clase media y nuevos automóviles y contrataron guardias privados para su protección.

La mayoría de los políticos del FMLN retuvieron una ideología social demócrata y una retórica radical en el discurso. Algunos, como el ex dirigente del ERP, Joaquín Villalobos, se alió con la derecha, denunció a los movimientos populares, recibió una beca de Oxford y se convirtió en un asesor de los escuadrones de la muerte en Colombia, Filipinas, Irlanda del Norte y otros países.

El FMLN prácticamente abandonó los movimientos de masa urbanos y rurales convirtiéndose en un partido electoral más. Durante las revueltas populares entre 1980 y 1990, los campesinos consiguieron una reforma agraria, los empleados públicos un incremento salarial, y las organizaciones populares proliferaron mientras que el gobierno y EE.UU. trataban de recortar el apoyo popular a la insurgencia. Una vez que los líderes del FMLN entraron al parlamento y priorizaron la política electoral, disminuyó la presión sobre la clase dominante, decreció la lucha popular y terminó la reforma agraria. Los gremios recibieron muy poco apoyo de los políticos del FMLN. El FMLN liderado por Shafik Handel buscó una alianza con la "burguesía moderna" para "aislar" a la oligarquía terrateniente "tradicional", estabilizar la democracia y garantizarse una postura en el Congreso como "oposición leal". En 2009, el FMLN ganó la presidencia con un candidato neoliberal, el demócrata cristiano Mauricio Funes, y obtuvo una mayoría del Congreso.



La sociedad salvadoreña después del acuerdo de paz  

El FMLN firmó el llamado acuerdo de paz sin ningún diálogo democrático previo con los militantes, sin ninguna consultación con los movimientos sociales de base; declararon obsoletas las principales reformas estructurales por las que miles de militantes habían luchado y entregado su vida. En cambio, "consultaron" con sus propios intereses para conseguir una carrera legislativa. Dictaron los acuerdos a sus cuadros intermedios, expulsaron a los críticos y manipularon a las masas para que den su apoyo ofreciéndoles promesas falsas de "continuar con la lucha". No cumplieron con las promesas de trabajo y redistribución de ingresos y tierras; nunca se materializó la promesa de "reformar" las fuerzas armadas ni entablar procesos judiciales en contra de los oficiales involucrados en violaciones masivas de derechos humanos.

De 1992 a 2013, El Salvador continúa siendo el segundo país en la lista de los más desiguales de América Latina. El desempleo, en especial de la gente joven, continúa superando el 50%. Más del 60% de la "población trabajadora" no tiene un empleo formal. Trabajan sin jubilación, seguro médico, vacaciones ni seguro social, mayoritariamente en el sector de servicios con los salarios más bajos, ya sea como vendedores ambulantes o empleadas domésticas. Más de 2,5 millones de salvadoreños se vieron forzados a dejar el país por falta de oportunidades. Los jóvenes guerrilleros fueron abandonados por sus líderes. Algunos recibieron terrenos pero sin capacitación, crédito, servicios, fracasaron y se convirtieron en pandilleros urbanos o rurales. Más de 25 mil jóvenes pertenecen a pandillas que trafican con drogas. El Salvador detenta el segundo porcentaje más alto de homicidios violentos en el continente americano. De hecho, son más los salvadoreños asesinados después del "Acuerdo de paz" (1992-2012) que los muertos durante la guerra civil (1980-1991). Desde marzo de 2012, cuando las dos pandillas principales firmaron una tregua han disminuido drásticamente los asesinatos.

El Acuerdo de paz estableció la formación de una "Comisión de la Verdad" para investigar los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos. En lugar de cumplir con ese objetivo, se decretó una amnistía para los Generales y la élite militar. La Comisión carecía de apoyo financiero y político y ningún criminal de guerra, ni siquiera aquellos que cometieron los crímenes más violentos fueron enjuiciados ni mucho menos encarcelados.

Los principales beneficiarios del Acuerdo de paz fueron los "burgueses modernos" -la élite bancaria, comercial, de la agroindustria, de las maquiladoras- quienes hicieron grandes ganancias, pagaron muy pocos impuestos, recibieron subsidios estatales y explotaron la mano de obra barata de las maquiladoras. Las compañías de seguridad privada prosperaron como la clase de nuevos ricos -incluyendo la élite de "nuevos ricos" del FMLN que contrató un ejército de guardias privados armados con rifles automáticas y ametralladoras para proteger sus casas, negocios, clubes privados y balnearios de vacaciones.

El Salvador, antes y después del triunfo electoral del FMLN, puede ser caracterizado como un paraíso neoliberal: acuerdos de libre comercio, salarios bajos, trabajadores no sindicalizados, mano de obra barata de las maquiladoras, en síntesis, las zonas de libre comercio son la pieza fundamental de la política económica del FMLN.

La llamada "Revolución democrática" fue despojada de todo contenido socioeconómico. La distancia social entre los líderes del FMLN y sus contratistas de negocios aliados por un lado, y las masas por el otro, es abismal. Los líderes del FMLN habitan viviendas modernas, protegidas por muros de tres metros cubiertos con vidrio roto y alambre de púa, con calles pavimentadas y jardines con flores. La mayoría de los salvadoreños pobres vive en sitios hacinados, con calles sin asfaltar, controlados por pandillas armadas que trafican droga y policías corruptos.

El régimen del FMLN ha respaldado los acuerdos de libre comercio de EE.UU. y la Unión Europea en América Central al igual que las bases militares de EE.UU. Sus políticas de libre mercado perjudican a los pequeños y medianos productores. Sus vínculos militares con el Pentágono fortalecen la postura militar de EE.UU. contra Venezuela y Ecuador.



Consecuencias políticas del Acuerdo de paz

Durante la guerra civil, la lucha de clases incrementó la conciencia de clase, fortaleció la organización independiente de clase y forzó a la clase dominante y sus "mentores" estadounidenses a que hicieran concesiones, incluyendo una reforma agraria para los campesinos y un aumento salarial para los obreros. Posteriormente al pacto de paz, las organizaciones de base experimentaron una reducción de tamaño y actividad; los líderes fueron cooptados por la élite del FMLN. El control político centralizado de los movimientos sociales asegura el conformismo frente a las políticas neoliberales. El FMLN trata de legitimar el orden socioeconómico neoliberal escudándose en su "heroico y glorioso pasado guerrillero". Los políticos corruptos del FMLN evocan su rol del pasado como "comandantes guerrilleros" para encubrir sus conexiones corruptas del presente con la élite económica. Cada vez que un sindicato va a la huelga por mejoras salariales o laborales, como los trabajadores municipales, de la salud y o de la educación, los líderes del FMLN los acusan de tener motivaciones "políticas" o de "ayudar" al enemigo. El FMLN se convirtió en un aparato burocrático manejado por facciones de las élites que pelean por posiciones de poder y privilegio dentro de la burocracia estatal neoliberal.

Frente al abyecto fracaso del FMLN y su gestión de gobierno para responder a las necesidades más básicas de los pobres de las ciudades y del campo, cientos de ONGs financiadas por los gobiernos de EE.UU. y Europa, en las que trabajan profesionales de clase media, establecieron proyectos de autoayuda, que enriquecieron a los líderes de las ONGs, perjudicaron a los movimientos sociales locales y no fueron eficaces para reducir la pobreza.

Sin paz, seguridad ni justicia social, y ante el debilitamiento de los movimientos sociales, ¿podemos sorprendernos de que anualmente decenas de miles de salvadoreños huyan de su país? Hay más de 2,5 millones de salvadoreños en el exterior, más del 90% de los cuales vive en EE.UU.



Conclusión: Causas del fracaso del Acuerdo de paz

Haciendo un análisis objetivo, queda claro que el acuerdo de paz firmado por el FMLN ha fracasado en el cumplimiento de las mínimas demandas políticas y socioeconómicas de sus bases. A pesar de los grandes sacrificios y los incontables ejemplos de heroísmo personal, las masas populares de El Salvador fueron despojadas de todo logro positivo. Los poderosos movimientos fueron desmantelados por decreto de los comandantes guerrilleros. Los principales líderes que dictaron dichas políticas lo hicieron ya sea porque eran colaboradores de las fuerzas militares de EE.UU. (Villalobos) o aliados de la llamada burguesía "progresista".

Se pueden extraer varias lecciones:

1) El pasado combatiente no es una garantía de compromiso socioeconómico progresista después de la negociación de un acuerdo.

2) Un acuerdo de paz dictado por una élite suele implicar un sacrificio de los intereses socioeconómicos como garantía de ganar una imagen de "respetabilidad" política.

3) Aliados extranjeros "radicales", como Cuba, tienen sus propios intereses políticos para asegurar la estabilidad regional y la paz, y tal vez dichos intereses no coinciden con las necesidades socioeconómicas de un movimiento revolucionario de masas.

4) Los acuerdos de paz deben incluir de manera directa a los representantes de los movimientos populares de masas e incorporar sus demandas.

5) Los acuerdos de paz que desarman a los insurgentes y mantienen a las fuerzas armadas, que son el sostén de la élite económica y de su control sobre los sectores estratégicos de la economía, dan como resultado una continuidad de las políticas neoliberales y de las bases militares de EE.UU. y producen la integración de los ex líderes guerrilleros en un sistema político corrupto y reaccionario.

6) Un pacto de paz que no genere inversiones públicas masivas en el sector laboral, obras públicas, reforma agraria y otras actividades productivas dará como resultado el desempleo de los ex guerrilleros jóvenes que se incorporarán a pandillas de tráfico de droga y otros delitos.

7) Los ex líderes guerrilleros promoverán sus carreras electorales y trabajarán dentro del sistema adoptando políticas neoliberales -como lo han demostrado numerosos casos. En Colombia, por ejemplo, Antonio Navarro Wolff, ex integrante del M-19 se convirtió en un aliado del entonces Presidente Álvaro Uribe y su régimen de escuadrones de la muerte cuando fue gobernador de Nariño. Teodoro Petkoff, ex guerrillero venezolano, devino en uno de los ideólogos del programa de austeridad del FMI durante el gobierno de Caldera. Joaquín Villalobos, el ex guerrillero salvadoreño del ERP, se convirtió en asesor de la CIA y de varios regímenes criminales que le pagaron cuantiosas sumas por su asesoramiento.

Los movimientos populares deben establecer sus propias prioridades socioeconómicas y estar presentes en cualquier proceso de paz. 

La vasta mayoría de los obreros, campesinos y estudiantes quieren una paz que vaya acompañada de cambios en el sistema socioeconómico. Esto incluye expropiación de tierras irrigadas y fértiles; el fin de la represión sindical y el establecimiento de nuevas leyes laborales que protejan los sindicatos; la duplicación del salario y la formación de comités de trabajadores que supervisen a la administración.

Para que sea posible implementar un programa público a gran escala generador de empleo, se requiere un sistema impositivo progresivo, que use los impuestos a los ricos para financiar infraestructura y empresas productivas. Las agencias del medioambiente constituidas por ecologistas, indígenas y líderes campesinos deben tener el poder necesario para regular las actividades mineras y garantizar que exista una distribución equitativa de los ingresos impositivos y los pagos de royalty.

Por encima de todo, para que un acuerdo de paz funcione debe existir un estado democrático, en el que: se desmantelen las Fuerzas Especiales, los programas de contrainsurgencia, las bases militares y las misiones de asesoramiento extranjeras. El abyecto fracaso del FMLN para cambiar la sociedad de El Salvador y mejorar las condiciones de vida de las masas estuvo directamente relacionado con su inserción en el estado capitalista y su subordinación a la economía neoliberal.

La "teoría de las etapas" del gurú del FMLN, Shafik Handel sostenía que la "modernización capitalista y la democracia" en alianza con la burguesía moderna era el "objetivo inmediato" mientras que el socialismo era para el "futuro distante". Esta "teoría de las etapas" dejaba de lado el hecho de que la "burguesía moderna" estaba estructuralmente atada a las élites de los terratenientes tradicionales, la banca y el imperio, y no estaba, de ninguna manera comprometida con una supuesta "revolución democrática". El FMLN, descartó el socialismo, nunca logró concretar una revolución democrática y finalizó presidiendo un país empobrecido y desgarrado por delitos sangrientos en el que la élite política era socia de los mismos clubes sociales que su antiguo enemigo de clase.

Es necesario que las FARC estudien atentamente las lecciones negativas del pasado, de los desastrosos acuerdos de paz de América Central, del MR-19 que se rindió a un estado de narcos, para de esa manera proponer un acuerdo de paz en consulta con la mayoría del pueblo y en beneficio de ella, y no uno que simplemente les garantice puestos en el Congreso.



Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


Envía esta noticia

Honduras:“El terror que vivimos durante dos horas es la trágica cotidianidad de este pueblo”, dice observadora secuestrada


Giorgio Trucchi Alainet27 de julio 2013

Matones armados secuestran y amenazan a observadores internacionales de derechos humanos, en medio de una lucha de resistencia comunitaria contra proyecto de explotación minera. Orlane y Daniel, de nacionalidad francesa y suiza respectivamente, son observadores internacionales del Proyecto de acompañamiento en Honduras (Proah)¹.

 El miércoles pasado, se desplazaron hacia la comunidad de La Nueva Esperanza, departamento de Atlántida, para cumplir con su misión de observadores de derechos humanos, en medio de un grave conflicto que se ha originado a raíz de la implementación de un nuevo proyecto de explotación minera².

 Aún no habían pasado ni 24 horas desde su llegada, que los dos observadores fueron rodeados por matones armados al servicio del empresario minero. Fueron amenazados, escoltados y montados en un vehículo que los fue a dejar en otra comunidad.

 “Estaban nerviosos, con los ojos rojos, apuntándonos con sus fusiles, diciéndonos que nada teníamos que hacer ahí, y preguntándonos si éramos comunistas. Pensé que en cualquier momento nos iban a disparar”, contó Orlane Vidal a la LINyM.

 Para ella, lo más preocupante en esta Honduras secuestrada y aterrorizada es que, el horror que les tocó vivir a ellos por más de dos horas, representa la trágica cotidianidad que viven miles y miles de personas, que en este país defienden sus tierras y recursos naturales de las garras sedientas de unos pocos empresarios.  

LINyM: ¿Qué ocurrió exactamente el día de ayer, 25 de julio?
Orlane Vidal: Llegamos a la Nueva Esperanza el miércoles por la tarde y pasamos la noche en casa de una señora que se llama Concepción, quien vive como a media hora de camino de la comunidad. Ella acababa de denunciar el acoso y las constantes amenazas de parte de la empresa minera para convencerla a vender su terreno.

 La mañana siguiente, la señora salió temprano y regresó como a las 8.30, advirtiéndonos que había hombres armados en la comunidad y que posiblemente eran guardias de seguridad de la empresa Minerales Victoria. Tratamos de tranquilizarla diciéndole que íbamos a hablar con ellos para ver qué querían.

 Media hora después llegaron 10 hombres armados con rifles y con el rostro bastante alterado, ojos rojos, como drogados, acompañados por unos 12 o 13 trabajadores de la empresa minera con sus machetes, y rodearon la casa.

 Daniel y yo salimos, y los hombres nos apuntaron con los fusiles y comenzaron a decirnos que nada teníamos que hacer ahí, que estábamos obstaculizando el trabajo en la mina. Nos preguntaron varias veces porque tratábamos de ocultarnos y si éramos comunistas.

 Les explicamos nuestra función de observadores en Honduras y en la comunidad Nueva Esperanza, pero los hombres se ponían cada vez más nerviosos, hasta que de repente se escucharon unas ráfagas, y ellos cargaron sus fusiles, siempre apuntándonos.

LINyM: ¿Qué pasó después?
OV: De repente aparecieron otros trabajadores de la empresa quienes, aparentemente, andaban persiguiendo al esposo de la señora Concepción, quien llegó corriendo, asustado, hasta donde estábamos nosotros. En este momento nos dimos cuenta que ya la casa estaba rodeada por más de 40 hombres armados con fusiles y machetes.

 Pasamos casi una hora tratando de calmar la situación, sin embargo los supuestos guardias de seguridad se pusieron aún más nerviosos y se acercaron más, diciéndonos que debíamos dejar el lugar y que nos fuéramos con ellos. En este momento tuve miedo por lo que nos podía pasar.

 Finalmente, recogimos nuestras cosas y nos hicieron caminar una media hora en un camino de tierra, hasta llegar donde nos estaba esperando un vehículo. Los trabajadores trataron de ser amables con nosotros, mientras que los guardias seguían apuntándonos con sus armas.

LINyM: ¿Quiénes estaban en el vehículo?

 OV: Era un vehículo de la empresa. Adentro estaba una persona, que podía ser un ingeniero de la misma empresa, y también se montó Wilfredo Funes, un miembro de la comunidad que siempre ha apoyado el proyecto minero. En la parte de atrás se montaron varios hombres armados.

 Arrancaron el vehículo y comenzaron a decirnos que no regresáramos a la comunidad porque nos podía pasar algo malo. Tratamos de hablar con ellos y les preguntamos quién había enviado a estos hombres armados. Ellos, de manera indirecta, nos hicieron entender que fue el empresario Lenir Pérez.

 Cuando aún estábamos en la casa hasta llegó una llamada y Wilfredo Funes nos dijo: “El mero jefe quiere hablar con ustedes”. Cuando le contestamos: “¿Quién? ¿Lenir Pérez?” y se dieron cuenta que ya lo conocíamos, la persona colgó.

 Finalmente nos fueron a dejar en la comunidad Nueva Florida y ahí, con el apoyo del Cofadeh y del Proah, logramos regresar hasta Tegucigalpa.

 LINyN: ¿En algún momento pensaste que tu vida estaba en peligro?
OV: Los hombres armados estaban fuera de control y muy alterados, nerviosos, como si no les importara nada de lo que estaba pasando, ni de nuestras vidas. Después escuchamos las ráfagas. En este momento pensé que nos iban a disparar y que podía haber una matanza en la comunidad.

 Sin embargo, lo que más me preocupa es lo que está viviendo la gente de la comunidad. Para nosotros fueron dos horas de terror, pero para la gente de allá es algo que no termina nunca, es su cotidianidad.

 En este sentido, hay que aprovechar lo que ha pasado para denunciar nacional e internacionalmente lo que se está viviendo en esta zona. Tengo adentro una gran rabia y esto nos va a dar la fuerza para seguir haciendo nuestro trabajo. 

 Notas

1 El Proyecto de acompañamiento en Honduras, Proah, es un proyecto de la organización estadounidense Oficina de Amistad de las Américas (Friendship Office of the Americas), que inició inmediatamente después del golpe de Estado de 2009. Está integrado por observadores internacionales quienes brindan un acompañamiento físico a defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo a personas u organizaciones de los movimientos sociales y comunitarios.

2 Minerales Victoria, la empresa de Lenir Pérez, yerno del terrateniente Miguel Facussé, quien opera a través de su compañía Alutech, que forma parte de Inversiones EMCO, obtuvo una concesión de 1000 hectáreas. El terreno concesionado incluye 16 comunidades que, por ser su economía basada en la ganadería, perderían su fuente de sustento a través del agotamiento o de la contaminación de las quebradas y de los manantiales. Por eso, están firmes en manifestar su oposición al ingreso de la empresa en su territorio, lo cual ha generado amenazas y presiones para que vendan sus parcelas (más informaciones aquí)
Fuente: LINyM

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2013/07/honduras-el-terror-que-vivimos-durante.html

Crisis alimentaria y agroecología


Diálogo con Miguel Altieri y Marc Dufumier
Sally Burch , Alainet

Existe un interés creciente, no solo en el mundo rural sino también en la población urbana, por la agricultura ecológica, debido a su potencial para asegurar una alimentación sana y con menor impacto ambiental.  No obstante, hasta ahora se lo ve más bien como una opción marginal del sistema alimentario, mientras se sigue imponiendo la visión de que sólo con la agricultura a gran escala se podría responder a las necesidades alimenticias del mundo.  Pero, ¿qué hay de cierto en todo eso?

Un primer hecho a notar es que el hambre crónica que se padece en el mundo no se debe a una escasez en la producción de alimentos.  En eso las cifras están claras. Cada persona requiere ingerir unas 2200 kilocalorías por día, para lo cual se necesita producir unos 200 kilos de cereales por habitante por año, o su equivalente en forma de papa, yuca, o similares.  La producción mundial actual es de 330 kilos por habitante, o sea que hay una sobreproducción de comida, suficiente como para alimentar a 9 mil millones de personas, la cifra de población mundial estimada para el año 2050.

Estos datos nos proporcionaron dos investigadores, en sendas entrevistas que realizamos para profundizar sobre las causas de la crisis alimentaria y las alternativas que ofrece la agroecología.  Se trata de Miguel Altieri, profesor de la Universidad de California en Berkeley, quien es también presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología -SOCLA-; y Marc Dufumier, profesor en el Instituto Nacional Agroeconómico de París, AgroParisTech.

Dufumier reconoce que la crisis alimentaria se agudizó en estos últimos 4 años, “pero ya en 2006 había 800 millones de personas que tenían hambre.  Ahora hay un poquito más, pero es estructural, no es una crisis coyuntural”, afirma: “es un problema de pobreza en términos monetarios. La gente no tiene poder de compra”.  En el mismo sentido, Altieri recalca: “un tercio de la población humana gana menos de dos dólares por día, entonces no tiene acceso a la comida.  En Europa y en EE.UU. se bota aproximadamente 115 kilos por persona por año de comida, suficiente para alimentar a toda África”.  Otros factores que contribuyen a la crisis alimentaria, señalados por nuestros entrevistados, incluyen el aumento de la producción agrícola para alimentar a los carros en lugar de las personas; el incremento del consumo de carne (que se extiende ahora en países de gran población como China e India), siendo que se necesitan de tres a diez calorías alimenticias vegetales para producir una caloría animal; el sistema de distribución de alimentos, y otros problemas estructurales relacionados con el control de las multinacionales sobre el sistema alimentario.

Para Altieri, la crisis alimentaria, acoplada a la crisis energética, la ecológica y la social, “es una crisis del capitalismo, de un modelo industrial de agricultura que se basó en premisas que hoy ya no son válidas”.  Lo explica en estos términos: "cuando se crea la revolución verde en los años 1950-60, se crea un modelo de agricultura maltusiano, que percibe el problema del hambre como un problema de mucha población y poca producción de alimentos; y que había que cerrar la brecha trayendo tecnologías del Norte al Sur, como las variedades mejoradas, los fertilizantes, los pesticidas, etc.  Ellos asumían que el clima iba a ser estable, que el petróleo iba a estar abundante y barato, que el agua iba a estar siempre abundante y que las limitantes naturales de la agricultura, como las plagas, se podían controlar fácilmente.  Y así nos encontramos hoy en día con una agricultura que ocupa aproximadamente 1.400 millones de hectáreas en monocultivos altamente dependientes de productos externos, en los cuales los costos de producción varían de acuerdo a como sube el petróleo; donde tenemos más de 500 tipos de plagas resistentes a más de mil pesticidas".  Uno de los resultados es que actualmente en el mundo hay "aproximadamente mil millones de personas hambrientas y por otro lado mil millones de personas obesas, que son víctimas directas del modelo industrial de agricultura".

Es cierto que este modelo, siendo altamente mecanizado, rebaja significativamente los costos directos de producción por hectárea; por lo tanto permite vender alimentos a menor precio a la vez que aumentar las ganancias.  No obstante, Dufumier destaca que esto es una trampa, pues no toma en cuenta los costos indirectos: sociales, ambientales, de salud pública, etc.  Cita el ejemplo de la leche en polvo barata, que “nos cuesta sumamente caro, por la contaminación de los suelos, por el exceso de nitrato en las aguas freáticas, por las hormonas en la leche.  Entonces hay lo que los economistas llaman externalidades negativas", que impactarán en una menor expectativa de vida y en la salud de la población. Altieri estima que en el caso de EE.UU., de internar estos costos, sumarían unos $300 por hectárea de producción.

La agroecología como alternativa

Frente a este modelo, surge la pregunta: en qué medida la agroecología puede ofrecer soluciones viables; y si se trataría de soluciones parciales o marginales, o si tiene la capacidad de solucionar el hambre.  Miguel Altieri aclara: "No me gusta caer en el argumento de si la agroecología podría alimentar el mundo porque, como dije, no es un problema de producción.  Con la agroecología podemos producir alimentos suficientes para alimentar al mundo, pero si las inequidades, las fuerzas estructurales que explican el hambre no se solucionan, entonces el hambre continúa, no importa que sigamos produciendo con agroecología".

La agroecología –nos recuerda– "es una ciencia que se basa, por un lado, en el conocimiento tradicional campesino y utiliza también avances de la ciencia agrícola moderna (salvo la biotecnología transgénica y los pesticidas, por supuesto), pero sí los avances que tienen que ver con ecología, con biología del suelo, control biológica de plagas, todo eso se incorpora dentro de la agroecología, y se crea un diálogo de saberes.  En el mundo hay aproximadamente 1.500 millones de campesinos que ocupan unas 380 millones de fincas, que ocupan el 20% de las tierras, pero ellos producen el 50% de los alimentos que se están consumiendo en este momento en el mundo.  (La agricultura industrial solamente produce 30% de los alimentos con el 80% del área agrícola).  De esos campesinos, 50% practican agroecología.  O sea, están produciendo el 25% de la comida del mundo, en un 10% de las tierras agrarias.  Imaginen si esta gente tuviera el 50% de las tierras a través de un proceso de reforma agraria: estarían produciendo comida en forma abundantísima, con excedente incluso".

Al mismo tiempo, la agroecología trae otras ventajas que no tiene la revolución verde.  "Por ejemplo –señala Altieri– es socialmente activante, porque para practicarla tiene que ser participativa y crear redes de intercambio, sino no funciona.  Y es culturalmente aceptable porque no trata de modificar el conocimiento campesino ni imponer, sino que utiliza el conocimiento campesino y trata de crear un diálogo de saberes.  Y la agroecología también es económicamente viable porque utiliza los recursos locales, no entra a depender de los recursos de afuera.  Y es ecológicamente viable porque no pretende modificar el sistema campesino sino optimizarlo. La revolución verde buscó cambiar ese sistema e imponer un conocimiento occidental sobre el conocimiento campesino.  Por eso ha tenido mucha repercusión en las bases", concluye.

Un factor importante a considerar es que la producción agroindustrial de gran escala es menor cuando se considera la producción total.  O sea, los monocultivos son más productivos en términos de mano de obra; pero la agricultura campesina produce mucho más por hectárea.  "Si haces un gráfico de producción total vs área –indica Altieri–, la curva de producción va bajando en relación al área de la finca.  Porque no estamos comparando producción de maíz con maíz, sino que estamos comparando la producción total de la finca.  ¿Y qué produce el campesino?  Produce maíz, habas, papas, frutas;cría chancho, pollo,...  Y cuando analizamos así el sistema, nos damos cuenta que es aproximadamente 20 a 30 veces más productiva.  Eso da una base muy importante para pensar en reforma agraria”.

Otra ventaja es su mejor resistencia al cambio climático.  No solo porque no genera calentamiento global -a diferencia de la agricultura industrial, con su alto consumo de combustibles fósiles-, sino que hay evidencias de que resiste mejor fenómenos como las sequías.  Los monocultivos, que crecientemente dominan los paisajes agrícolas del mundo, "son altamente susceptibles porque tienen homogeneidad genética y homogeneidad ecológica", como lo evidenció la sequía del año pasado del Mid-West de EE.UU., la más grande en 50 años, donde la agricultura transgénica de maíz y soya perdió el 30% de todo el rendimiento, según Altieri.

Políticas públicas

¿Cuáles serían, entonces, las políticas públicas clave para que un país promueva y desarrolle en serio la producción agroecológica?  Nuestros entrevistados coinciden en reconocer que la producción agroecológica, por ser artesanal e involucrar mayor mano de obra, tiene costos de producción más altos y debe ser mejor pagada; entonces se requieren políticas de fomento y subsidios que protejan a la agroecología y a los pequeños agricultores.  De este modo se puede lograr que la comida sana esté al alcance de las mayorías, y que no sea solamente un producto de consumo de lujo de los sectores adinerados (como ocurre, por ejemplo, con los productos orgánicos que se exportan al Norte).

Miguel Altieri destaca, en este sentido, la experiencia de Brasil, con el programa del Ministerio de Desarrollo Rural que compra el 30% de la producción al campesinado, reconociendo su rol estratégico.  Es una comida sana que se destina al consumo social, en las escuelas, los hospitales, las cárceles.  "La agricultura familiar en Brasil cuenta 4,7 millones de agricultores que producen el 70% de la comida en 30 % de la tierra; es un papel fundamental para la soberanía alimentaria".  Entendieron que para protegerla, no podían poner a los pequeños productores a competir ni con los grandes, ni con la producción de EE.UU. o de Europa "que es una competencia totalmente desleal".  El investigador considera un acierto que ese país haya creado dos ministerios del sector: el de agricultura, para los grandes productores (que evidentemente van a seguir existiendo), y el de desarrollo rural para los pequeños, con proyectos de investigación, extensión, políticas agrarias específicas para el agricultor campesino.  Incluso dice que este último ministerio tiene más recursos que el de agricultura.  “Lo que no funciona es cuando el ministerio de agricultura cuenta apenas con una pequeña oficina o secretaría del agricultor familiar”, algo que pasa en la mayoría de países.  

Apoyar las prácticas agroecológicas con investigación y con extensión agroecológica es otro elemento clave.  "Mucho gente pregunta: ¿puede la agroecología alimentar el mundo, puede ser tan productiva?  Pero mira, todos los institutos nacionales de investigación agropecuaria, los centros internacionales de investigación, las universidades, durante 60 años han financiado investigación en agricultura convencional.  ¿Qué tal si a nosotros nos dieran el 90% de ese presupuesto para apoyar la agroecología?  La historia sería otra", reflexiona Altieri.  Señala a Cuba como el país más avanzado en este sentido, por la situación que enfrentó en el periodo especial.  Una ventaja fue que tenía los recursos humanos para hacerlo, tenía agroecólogos formados; y a través de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños –ANAP-, 120 mil agricultores en 10 años incorporaron la agroecología, con altos niveles de producción y eficiencia energética.

Quizás el obstáculo mayor es la falta de voluntad política, combinado con intereses multinacionales "que están siempre empujando en el sentido equivocado".  Altieri cree que el cambio climático es lo que finalmente va a poner los límites a la agricultura industrial.  En el caso de países como Ecuador y Bolivia, cuyas constituciones ya establecen la soberanía alimentaria, el investigador considera que tienen "una oportunidad histórica: si no es ahora, ¿cuándo?"  Él les ha propuesta establecer un proyecto territorial piloto, pues "el manejo territorial implica ecología del paisaje y otras dimensiones del diseño que van mucho más allá del diseño de la finquita particular.  Porque si hay campesinos que practican la agroecología pero están dispersos, no se puede hacer una conversión territorial.  Así aprendamos, porque no tenemos todas las respuestas".

¿Una agricultura de pequeña escala?

Nos preguntamos si la agroecología puede aplicarse en cualquier escala, o si es básicamente para la pequeña agricultura, y si eso es una limitante.  Marc Dufumier considera que, por su esencia, sirve para la agricultura familiar, aunque reconoce que es más accesible a la mediana producción familiar que al minifundista, por su poca capacidad de ahorrar e invertir en tracción animal, carretas, producir estiércol y fertilizar por la vía orgánica.  Las unidades familiares de tamaño mediano serían, además, las óptimas para generar empleo y evitar el éxodo rural.  Los grandes productores agrícolas, en cambio, "tienen la capacidad de inversión, pero no tienen el interés, porque quieren maximizar la rentabilidad del capital financiero invertido, y amortizar la inversión sobre grandes superficies, entonces su interés es el monocultivo que es todo lo contrario de la agroecología".

Para Miguel Altieri, en cambio, la agroecología es una ciencia que entrega principios de cómo diseñar y manejar sistemas agrarios, de cualquier escala, pero con respuestas tecnológicas diversas, según el caso.  "Yo he mostrado ejemplos de fincas de entre 500 y 3000 has. que se manejan agroecológicamente.  Estoy hablando de un rediseño del sistema agroecológico con biodiversidad funcional, con rotaciones, con policultivos, que toman otras formas en la gran escala, porque hay que usar maquinaria por supuesto, no van a manejar 3000 has. con chuzo ni con tracción animal.  Entonces hay muchos ejemplos de que se puede hacer a gran escala.  Lo que pasa es que en América Latina, dada la importancia estratégica de la pequeña agricultura, la agroecología siempre se dedicó a solucionar el problema de la agricultura familiar, campesina, pero eso no significa que no se pueda aplicar a gran escala".

- Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.

Bases de la agroecología

"La primera necesidad humana es la energía, para respirar, para trabajar etc.  ¿De dónde viene esta energía? de la alimentación, de las calorías.  Las matas, los cultivos interceptan la energía solar y la transforman en energía alimentaria a través de la fotosíntesis; producir esta caloría alimentaria significa producir azúcar, grasa o almidón, que son los carbohidratos.  Estos cultivos y matas buscan el carbono del aire.  Hay demasiado dióxido de carbono en el aire (un gas con efecto invernadero).  Así, el productor puede hacer un uso intensivo de la energía solar -recurso natural renovable-, y un uso sumamente intensivo del carbono de la atmosfera, que existe en exceso.

"También es necesario producir proteína que es un constituyente esencial de nuestro cuerpo.  Para eso hay que añadir también nitrógeno, que puede ser sumamente costoso desde el punto de vista energético.  Pero existen precisamente unas especies vegetales de las familias de leguminosas, que con la ayuda de microbios, están en la capacidad de tomar el nitrógeno del aire y fabricar proteína con la energía solar.  Así tenemos proteínas vegetales para proteína humana y proteína animal.  Es totalmente distinto de la agricultura industrial, que para fertilizar un trigo pone urea, sulfato de amonio, que se fabrica con energía fósil, de petróleo o gas natural.  O sea que la agroecología, para el uso intensivo de los recursos naturales renovables o en excedente en el medio ambiente, no cuesta nada.  Lo que cuesta es la superficie para interceptar esta luz, carbono y nitrógeno.  Pero es sumamente económico, pues no gasta en energía fósil o agrotóxicos.

"Necesitamos además elementos minerales: calcio para los huesos, fósforo para el cerebro, etc.  La agroecología los busca en el subsuelo.  El productor que usa un sistema agroforestal mantiene árboles o arbustos en su parcela.  Estos árboles, con sus raíces profundas, van a buscar estos minerales en el subsuelo.  Los interceptan, los meten en las hojas, y cuando caen las hojas al suelo, lo fertilizan con estos elementos minerales en un ciclo corto, sin tener que fertilizar con insumos químicos.  También existen estos elementos minerales en la capa superficial del suelo, pero hasta hace poco tiempo esto era poco accesible a los cultivos.  Las raíces de los cultivos de un maíz o un trigo no podían tener acceso a estos elementos minerales.  Hoy sabemos que unos hongos beneficiosos pueden ayudar al cultivo a tomar esos elementos minerales que estaban fijados en la capa superficial, por la vía biológica". (Marc Dufumier).

Publicado en América Latina en Movimiento, No. 487: http://alainet.org/publica/487.phtml

10 claves del caso Snowden


Keymer ÁvilaRebelión, 27 de julio 2013



“Guerra es Paz, Libertad es Esclavitud, Ignorancia es Fuerza” George Orwell, 1984.

Desde hace más de un mes Snowden ha ocupado los primeros lugares de la agenda mediática global, generando debates que van desde la preocupación por la vigilancia y el control orwelliano estadounidense sobre todos nosotros, pasando por la digna respuesta de los países que integran el ALBA y el MERCOSUR ante las agresiones en contra de Evo Morales, hasta llegar a las propuestas de matrimonio de una atractiva ex espía rusa. ¿Cuáles son los principales aspectos que hay que considerar sobre este caso?


Snowden no es el primero que destapa este tipo de ollas (que en el fondo todos conocen), él viene a ser una especie de D'Artagnan, para convertirse en el cuarto miembro de un grupo de ciudadanos que han denunciado los excesos del imperio norteamericano desde sus propias entrañas, conformado por: 1) Philip Agee, ex agente de la CIA quien después de su retiro en 1968 cuestionó duramente a esta agencia, le anularon su pasaporte, fue perseguido por todo el mundo, en especial por Bush padre, y terminó radicándose en Cuba hasta el final de sus días; 2) Bradley Manning, ex militar estadounidense detenido en condiciones violatorias a sus DDHH desde 2010, por denunciar las masacres llevadas a cabo por EEUU en Irak y Afganistán; y más recientemente, 3) el australiano Julian Assange, el único de este cuarteto que no es estadounidense, quien ya tiene casi un año asilado en la embajada de Ecuador en Londres, por su trabajo en WikiLeaks. 


El 6 de junio el periódico británico The Guardian publicó que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) tenía acceso a registros telefónicos y de internet de millones de usuarios de la operadora de telefonía Verizon en EEUU, para justificarse la Casa Blanca defiende la necesidad de registrar las llamadas telefónicas de sus conciudadanos. Al día siguiente, los diarios The Guardian y The Washington Post revelan información clasificada sobre dos programas de espionaje masivo que ejecuta el gobierno estadounidense: el primero (PRISM) le permite a la NSA y al FBI acceder a los servidores de Microsoft, Google, Apple, PalTalk, AOL, YouTube, Skype, Yahoo y Facebook de manera ilimitada y obtener así información personal de sus usuarios, monitorear correos electrónicos y el tráfico de internet; el segundo, es una herramienta que les permite rastrear y registrar datos (Boundless Informant) de llamadas en EEUU, con el apoyo de redes satelitales incluidas las que operan el ámbito comercial. El 9 de junio Snowden revela que él es la fuente de ambos diarios, para ese momento se encontraba escondido en Hong Kong, desde donde había llegado procedente de Hawai. Tres días antes había hecho el famoso video en el que es entrevistado por The Guardian.


El 13 de junio se inicia públicamente la cacería de EEUU en contra de Snowden, se le persigue penalmente por espionaje, hurto y utilización ilegal de bienes gubernamentales, justificando los programas de vigilancia con la lucha contra el terrorismo. Temen que el ex agente filtre datos a China. Snowden, haciéndole un guiño a los chinos, denuncia el espionaje estadounidense en contra de su gobierno. Este último da un tratamiento parco y prudente al caso, asegurando que actuara conforme a la ley.


El 22 de junio, el gobierno de EUU solicita formalmente a Hong Kong la extradición de Snowden. Al día siguiente el ex técnico llega a Rusia e inicia contactos con el gobierno ecuatoriano, el cual, entre presiones e interceptación de sus comunicaciones internas, no puede materializar su asilo.


Gobiernos europeos, entre los que destaca el alemán, conocían de los programas de espionaje y algunos han consentido su uso, de allí la actitud cómplice y servil de España, Portugal, Francia e Italia, quienes agredieron al Presidente Evo Morales, por la sospecha infundada de que Snowden se encontraba junto a él en su avión. Paradójicamente, estos dos últimos países se encuentran entre los gobiernos que han sido objeto de espionaje por los EEUU. 


Snowden solicita asilo a más de 20 países, más de la mitad rechazó formalmente recibirlo. Algunos de ellos se escudaron en la excusa técnica de no poder estudiar el caso por no encontrarse el solicitante dentro de su territorio, resaltan por sus implicaciones con el caso de Evo Morales: Francia, Italia y España.


Como respuesta a las agresiones en contra de Evo Morales, Nicaragua, Venezuela y Bolivia ofrecen asilo al ex agente de la CIA. Ante tales ofertas EEUU evita pronunciarse. En contraste, Mercosur se solidariza con los tres países del ALBA y reivindica el derecho de asilo político.


A pesar del acercamiento entre Kerry y el canciller venezolano en Guatemala, en el que se habían manifestado el inicio de relaciones de respeto recíproco, Kerry realiza llamados amenazantes al gobierno venezolano para que éste no le diera asilo a Snowden. Antes, otros funcionarios también habían intentado amedrentar a Rafael Correa, Presidente de Ecuador. Tras Snowden se lanzan públicamente desde Obama, pasando por el vicepresidente Biden y el canciller Kerry, hasta líderes del Senado y del Congreso, al igual que voceros del poder judicial. Posteriormente, el 17 de julio, Samantha Power, ratifica estas posiciones arremetiendo contra Venezuela, Cuba, Rusia e Irán al catalogarlos como “regímenes opresivos”, es esa su campaña para representar a los EEUU ante la ONU. 

Luego de haber anulado una primera solicitud de asilo a Rusia (el 25 de junio), debido a la condición que Putin le impuso de no realizar actividades hostiles en contra de sus “socios estadounidenses”, al sortear las dificultades de su ruta de vuelo hacia América Latina, el 16 de julio, Snowden acepta las condiciones y solicita formalmente el asilo a Rusia. Por otra parte, este país también ha afirmado que no lo extraditaría a EEUU aduciendo la ausencia de acuerdos bilaterales entre ambas potencias sobre esta materia, además de actuar recíprocamente, ya que EEUU no le ha entregado espías a Rusia en circunstancias similares. 

Después de un mes de la llegada de Snowden a Rusia las informaciones sobre la posibilidad de salir del aeropuerto moscovita de Sheremétievo y regularizar su condición de asilado temporal son aún contradictorias y adornadas con excusas burocráticas. En estos momentos las presiones que ha ejercido EEUU a nivel global por este caso, junto a las informaciones sobre su espionaje a múltiples gobiernos, comienzan a incomodar a diversos países (Brasil, Chile, China, Colombia, El Salvador, Irlanda, Islandia, México, Perú, Rusia, entre otros) a los que les costará un poco seguir siendo solidarios con el Imperio sin sortear las reacciones negativas de sus espiados conciudadanos. Ya diversas organizaciones, entre las que destacan las rusas y las alemanas, así como diversas personalidades, han manifestado abierta y materialmente su apoyo al ex agente de la CIA. 

Es tragicómico que EEUU después de todos sus esfuerzos argumente que Snowden no llegó a acceder a la “información más confidencial”, de ser esto cierto ¿se imaginan qué es lo “más confidencial” a lo que el ex técnico no tuvo acceso?

@Keymer_Avila


Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.