Pensamiento contracorriente

GUATEMALA.:Carta abierta al sistema de justicia

 

Por la liberación inmediata de los 11 líderes indígenas capturados ILEGALMENTE en el marco del estado de sitio en Barillas

 

Por la liberación de los presos políticos de Barillas

Las personas abajo firmantes, originarias de Guatemala y otros países, dedicadas a la investigación social, la academia, el arte, las luchas feministas, la defensa de los derechos humanos, de la tierra, territorio y de la naturaleza, comprometidas con las luchas de los pueblos indígenas y con la construcción de una sociedad justa y pacífica, manifestamos que estaremos vigilando que la audiencia que se llevará a cabo el día 19 de septiembre en Santa Eulalia, para determinar el futuro de 9 de las personas detenidas ilegalmente el 2 de mayo del 2012 en Barillas, se realice de forma justa, es decir apegada a la ley.

La detención ilegal e irregular de estas personas no se puede negar ni encubrir. Ha sido documentada a través del informe de observación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el informe de Verificación de la situación de  Derechos Humanos realizado por la comisión de la Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej y la Unidad de Protección a Defensoras, Defensores de Derechos Humanos - Guatemala, como en el amparo interpuesto por la defensa de los detenidos en contra del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, en la Sala tercera de apelaciones del Ramo Penal presentada el 2 de junio del 2012.

 

Desde la instalación del estado de sitio en Barillas, un gran número de irregularidades, ilegalidades, y violaciones al debido proceso, se evidencian en los procesos de investigación y en la solicitud de las órdenes de captura. 

 

Se han emitido 33 órdenes de captura en contra de líderes y lideresas por “plagio y secuestro, amenazas e instigación a delinquir, y terrorismo”, sin fundamento alguno. Se está usando la figura delictiva de actividades de narcotráfico de manera totalmente tergiversada. La están aplicando a un grupo de población, a una asociación u organización de carácter comunitario que se opone al proyecto de la Hidro-Santa Cruz.

 

Todas las personas contra las que se han emitido órdenes de captura o a quiénes se ha encarcelado son lideresas y lideres de su comunidad, que se han organizado para manifestar su desacuerdo y oposición de manera pacífica a las actividades de la Hidro Santa Cruz (Ecoener – Hidralia) en su territorio. Ninguno es criminal.

 

Con estas órdenes de captura, el estado guatemalteco está tratando como delincuentes y terroristas que hay que encarcelar a personas que se organizan y que ejercen sus derechos ciudadanos. Se está usando la ley y el proceso penal con fines políticos, como un instrumento punitivo para criminalizar y desarticular a las ciudadanas y ciudadanos de Barillas que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica.

 

Este ambiente de impunidad ha favorecido el accionar de la empresa, que actualmente busca imponerse por la manipulación, la mentira y las amenazas de seguir deteniendo personas o liberar a los presos políticos.  Así lo pretenden con la imposición de un “convenio de colaboración” ofreciendo un millón de quetzales anuales para proyectos controlados por la misma empresa, administrados y ejecutados por la municipalidad a cambio de que la misma se comprometa a garantizar la no oposición de la población a las operaciones de la empresa. El monto muestra el absoluto desprecio por la vida y la dignidad de la gente.

Exigimos que la empresa Ecoener Hidralia Energía deje de manipular y amedrentar a la población de Barillas y que deje de usar a los presos como mecanismo de chantaje para sus objetivos, como sus personeros lo están haciendo al visitar las comunidades en compañía de COPREDEH y CODISRA.

 

Destaca en este uso indebido de la ley, la obra de la fiscal Gilda Aguilar, que estaba a cargo del caso en Santa Eulalia. Sus declaraciones a la prensa evidencian sus vínculos a personajes oscuros de la inteligencia militar del pasado Ricardo Mendez Ruiz y Mario David García. 

 

El proceso disciplinario iniciado contra la fiscal Gilda Aguilar, así como la sentencia del 10 de septiembre que anuló 10 de las órdenes de capturas solicitadas, por proceso defectuoso, ponen de manifiesto dos cosas importantes:

 

-     Las violaciones al debido proceso, y a derechos humanos, en las que incurrió la fiscal del caso desde el inicio.

-     La voluntad de la Fiscal General Claudia Paz y Paz de velar por que el proceso sea justo y apegado a la ley.

 

Como personas y organizaciones ligadas al movimiento social y ciudadano, interesados en hacer valer el estado de derecho en Guatemala, exigimos la misma contundencia en la aplicación de la ley y del debido proceso en el caso de la audiencia del 19 de septiembre, que definirá el futuro de 9 de los 11 presos políticos capturados ilegalmente el 2 de mayo:

 

Diego Juan Sebastián, Andrés León Andrés Juan, Joel Gaspar Mateo, Ventura Juan, Antonio Rogelio Velásquez López, Pedro Vicente Núñez Bautista, Saúl Aurelio Méndez Muñoz, Amado Pedro Miguel, Marcos Mateo Miguel, Pascual de Pascual Pedro y Esteban Bernabé Gaspar.

 

Como se detalla en la declaración que acompaña esta carta, su captura y encarcelamiento fueron ILEGALES, por lo que deben ser liberados inmediatamente con una sentencia del juez que declare su inocencia. Esta sentencia debe también dictar medidas de reparación a sus familiares y sus comunidades, por los daños causados por este injusto encarcelamiento.

 

Finalmente, pedimos la aplicación de una exhaustiva investigación en contra de los personeros de la empresa Hidro Santa Cruz y funcionarios públicos del Estado de Guatemala, su procesamiento ante la justicia por todas las violaciones de derechos humanos, amenazas, intimidaciones en contra de hombres y mujeres de Barillas, lideres y lideresas de las comunidades que se oponen a la empresa.

Guatemala, 17 de septiembre 2012

Mandar confirmación de firmas a mandarin@riseup.net